El Congreso Nacional ha dado un paso significativo hacia la regulación del sector pesquero con la aprobación del informe de la Comisión Mixta que avala la Ley de Fraccionamiento. Esta normativa, que modifica la distribución de cuotas de captura entre los sectores pesquero artesanal e industrial, busca crear un marco más equitativo y sostenible en el acceso a los recursos marinos. Esta reforma legislativa se enmarca dentro del compromiso del Gobierno por actualizar la normativa pesquera vigente, para asegurar que los recursos del mar se gestionen de manera responsable y que se fomente la igualdad de oportunidades para todos los pescadores.
La Ley de Fraccionamiento, de hecho, supone una reestructuración importante del sistema actual, donde se han visto históricamente las voces del sector artesanal marginadas en favor del industrial. Marcelo Arredondo, seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Valparaíso, elogió el avance institucional, indicando que este acuerdo parlamentario permitirá redistribuir los recursos marinos con un enfoque en mejorar las condiciones de vida y desarrollo para los pescadores artesanales, particularmente en las regiones costeras que dependen de la pesca como principal fuente de ingresos.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es el reajuste en la participación del sector artesanal en las cuotas de pesca de recursos clave, como la anchoveta y la sardina. Con un piso del 55% establecido para este segmento, se busca garantizar su sustento y su papel en la economía local. Además, este porcentaje podrá aumentar si se demuestra un manejo responsable por parte del sector industrial. Esta disposición no solo apunta a un cambio en la asignación de cuotas, sino también a un compromiso por parte de la industria en mejorar su sostenibilidad.
La normativa también se enfatiza en una mayor transparencia en la asignación de cuotas, algo que había sido objeto de críticas en la legislación anterior. La falta de claridad había generado desconfianza y desigualdades en el acceso a los recursos marinos, afectando principalmente al sector artesanal. Con esta nueva ley, el Ejecutivo ha manifestado su intención de restaurar la confianza y crear un ambiente de certeza jurídica que favorezca a todos los actores del sector pesquero.
Finalmente, la Ley de Fraccionamiento establece un marco que no solo busca corregir las injusticias pasadas, sino también fomentar un futuro sostenible para la pesca en el país. Se prevé que medidas como el incremento progresivo de la participación artesanal en la captura de merluza común -con un aumento del 45% al 50% en cuotas- contribuirán a un sector pesquero más equilibrado. Este compromiso con la sustentabilidad y la equidad territorial será crucial para el desarrollo de la industria pesquera en Chile, garantizando que las generaciones futuras también puedan disfrutar de los recursos marinos.
