Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) destaca cómo una serie de crises globales han desencadenado una intensificación sin precedentes en la formulación de políticas energéticas durante los últimos cinco años. Este informe titulado “Estado de la Política Energética 2026” proporciona un análisis detallado de más de 6500 medidas políticas implementadas en 84 países en 2025, reflejando la urgente necesidad de los gobiernos de abordar cuestiones críticas como la seguridad y la asequibilidad energética. La AIE ha documentado cambios notables en 200 áreas políticas, incluyendo inversiones significativas en infraestructura energética y programas de incentivos para energías renovables.
Desde 2019, el gasto público en energía se ha más que duplicado, alcanzando durante 2025 cifras superiores a los 405 mil millones de dólares anuales. Este aumento en la inversión ha sido impulsado por las perturbaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y la crisis energética desencadenada por la invasión de Ucrania por Rusia. Incluso antes del conflicto reciente en Oriente Medio que ha sobresaltado aún más los mercados energéticos, se preveía que el gasto se mantendría en niveles elevados hasta 2030, evidenciando un compromiso mundial hacia el fortalecimiento de las infraestructuras energéticas y la transición a fuentes renovables.
El informe también enfatiza las lecciones aprendidas durante la crisis energética de 2022, donde una parte significativa de la asistencia al consumidor no llegó a los más vulnerables. Los aproximadamente 220.000 millones de dólares en ayudas destinados a combatir los efectos de la crisis revelaron la necesidad de mejorar la focalización para garantizar que aquellos que más lo necesitan sean los beneficiarios de tales intervenciones. Esta situación ha llevado a un aumento en la aplicación de medidas de respuesta de emergencia en el sector del gas natural, con más de 30 países que han adaptado sus requisitos de almacenamiento para cumplir con las obligaciones de reserva.
Adicionalmente, la AIE apunta a una creciente preocupación por el riesgo asociado a la concentración de minerales críticos y la cadena de suministro en tecnología energética. Aproximadamente un tercio de las políticas relacionadas con minerales críticos han sido introducidas en los últimos cinco años, destacando la importancia de adaptarse a las restricciones en la exportación de estos materiales fundamentales. Laura Cozzi, directora de Sostenibilidad de la AIE, comentó sobre la necesidad de equilibrar las respuestas a corto plazo con los objetivos energéticos a largo plazo, advirtiendo que las decisiones políticas actuales podrían tener efectos prolongados en los sistemas energéticos futuros.
El escenario actual está llevando a un cambio notable en la dinámica de las políticas de eficiencia energética, donde 15 países han reforzado sus estándares en este ámbito. Sin embargo, el informe también señala una tendencia preocupante de retrocesos en las regulaciones, especialmente en el transporte por carretera, lo que podría comprometer la eficiencia futura y dejar a hogares y empresas más vulnerables ante la volatilidad de los precios de la energía. Con el trasfondo del conflicto en Oriente Medio, la AIE prevé que esta crisis podría catalizar una nueva fase en la formulación de políticas energéticas, similar a las respuestas ante las crisis del petróleo de los años 70, lo que requerirá una vigilancia constante por parte de la Agencia y una disposición a adaptarse a un panorama energético en constante evolución.
