La iniciativa “Ordenemos las cuentas” ha sido presentada por el Ministerio de Energía como una solución integral para enfrentar los desafíos que las familias chilenas han experimentado a raíz de las fluctuaciones tarifarias en el suministro eléctrico. Este proyecto de ley tiene como principal objetivo proteger a los hogares frente a futuras alzas en las cuentas de la luz, así como regularizar procesos tarifarios pendientes que han afectado a miles de familias, especialmente en la región del Biobío, donde se busca aportar estabilidad y certeza a la vida diaria de sus habitantes.
Uno de los ejes fundamentales de la iniciativa es la rebaja y certeza tarifaria. Esto incluye la extensión del Subsidio Eléctrico, que permitirá a las familias más vulnerables recibir el apoyo necesario para evitar que las deudas acumuladas se traduzcan en incrementos en sus facturas. El Seremi de Energía, Javier Salamanca, enfatizó la relevancia de estas medidas para la población del Biobío, que tradicionalmente enfrenta desafíos económicos. “Con esta extensión del subsidio, buscamos brindar tranquilidad a quienes más lo necesitan, asegurando que el acceso a la electricidad no se vea comprometido por cargas financieras adicionales”.
Además de la reducción de tarifas, la propuesta se ocupa de la regularización de la deuda acumulada en el sistema de distribución eléctrica, cuya acumulación se ha prolongado durante 43 meses. El esquema de pago gradual que se propone, previsto entre 2028 y 2035, tiene como finalidad permitir que las familias absorban esta carga sin afectar sus finanzas actuales. Este enfoque preventivo asegura que no se generen nuevos costos a los usuarios, constituyendo una medida clave para la estabilidad económica de los hogares afectados.
El proyecto “Ordenemos las cuentas” también contempla la mejora de la calidad y continuidad del servicio eléctrico, un aspecto crucial para las familias del Biobío, donde la actividad productiva es intensa y dependiente de un suministro eléctrico confiable. Se proponen incentivos para la inversión en infraestructura necesaria y se otorgarán mayores facultades a las autoridades para garantizar que situaciones adversas no interrumpan el servicio. “Es esencial que la calidad del suministro sea acorde a las necesidades de los ciudadanos y del desarrollo regional”, destacó Salamanca al referirse a la importancia de estos cambios.
Con el inicio de su tramitación legislativa en el Congreso, la iniciativa “Ordenemos las cuentas” espera dar un paso firme hacia un sistema eléctrico más justo y sostenible, que priorice las necesidades de las personas por encima de otros intereses. Al abordar tanto las tarifas como la infraestructura y la seguridad del suministro, el Gobierno busca asegurar que cada familia en Chile, y especialmente en el Biobío, tenga acceso a un servicio eléctrico estable y de calidad, contribuyendo así al bienestar general y al desarrollo económico de la región.
