El Gobierno ha ingresado al Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para la compra de la primera vivienda. Esta iniciativa, que propone incorporar 30 mil nuevos cupos, elevar el total a 80 mil y aumentar el valor máximo de las propiedades beneficiadas de 4.000 a 6.000 UF, ha generado un debate significativo en el sector inmobiliario. Además, se extenderá la vigencia de este apoyo hasta el 31 de mayo de 2028, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a un mayor número de familias chilenas en un contexto de incertidumbre económica.
José Miguel Simian, director del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, ha destacado la importancia de este instrumento en el reciente impulso del mercado inmobiliario. A su juicio, este programa ha sido la política más efectiva para fomentar las ventas, especialmente durante el segundo semestre de 2025 y en el primer trimestre del presente año. Simian argumenta que, con la ayuda del subsidio, se puede financiar hasta el 90% del valor de la vivienda mediante la garantía estatal, lo que reduce significativamente la tasa de interés de los créditos hipotecarios, un aspecto crucial para que muchas familias logren cumplir el sueño de la casa propia.
Sin embargo, a pesar de la valoración positiva de Simian respecto a la medida, ha expresado ciertas reservas sobre el aumento del límite de subsidio hasta 6.000 UF. Según él, esta decisión podría beneficiar a hogares de mayores ingresos, lo que plantea interrogantes sobre la equidad de la política pública. “¿Tiene sentido subsidiar también ese grupo con este mecanismo? No estoy tan seguro de que sea una buena política pública”, cuestionó, sugiriendo que sería más prudente un incremento más moderado, similar al anterior límite de 4.000 UF.
Además, Simian ha llamado a la cautela al analizar el alcance que podría tener esta medida. A pesar de la necesidad de muchas familias de acceder a vivienda a precios asequibles, el académico señala que la situación del mercado inmobiliario también está relacionada con la disminución en la demanda de propiedades nuevas, un fenómeno ligado a la transición demográfica y al menor crecimiento de los hogares. Esto sugiere que el problema no es solamente una cuestión de precios altos, sino también de una demanda que ha cambiado en sus características y volumen.
En conclusión, el proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés y las garantías estatales representa un paso importante para facilitar el acceso a la vivienda en Chile. Sin embargo, las inquietudes expresadas por expertos como José Miguel Simian invitan a un análisis más profundo sobre la efectividad y equidad de las políticas de subsidios en un mercado que enfrenta desafíos complejos. A medida que la discusión avanza en el Congreso, será fundamental equilibrar el impulso al sector inmobiliario con la necesidad de garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
