El Acuerdo de Escazú, ratificado por varios países de América Latina y el Caribe, subraya la importancia de la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones ambientales. Este instrumento busca garantizar el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, alineándose con principios fundamentales de gobernanza que postulan la inclusión de actores múltiples en la creación de políticas. En este contexto, el pasado jueves se llevó a cabo el Encuentro Regional Ciudadano por Escazú en el Instituto Antártico Chileno de Punta Arenas, actividad organizada por el Ministerio del Medio Ambiente, que busca empoderar a la ciudadanía en estos procesos.
Durante el evento, Enrique Rebolledo Toro, Seremi del Medio Ambiente, enfatizó la necesidad de que la comunidad se involucre activamente, invitando a los presentes a postular para formar parte del Comité Regional por Escazú. Esta instancia, compuesta por 16 miembros, será crucial para fomentar la colaboración entre el sector público, académico, privado y la sociedad civil, y tendrá la responsabilidad de supervisar e impulsar las 271 medidas comprometidas en el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú. La inclusión de diferentes actores refuerza la idea de que la gestión ambiental debe ser un esfuerzo conjunto, donde cada voz cuenta.
Magallanes se distingue como una de las cinco regiones que se ha comprometido a crear un Comité Regional para la gobernanza de Escazú, apostando a una participación ampliada de la ciudadanía, en lugar de limitarse a los Consejos Consultivos del Medio Ambiente que han sido la práctica en otras regiones. Esta decisión refleja un enfoque pionero hacia una gestión ambiental más democrática y participativa, siendo un ejemplo a seguir para el resto del país. La jornada de información también destacó la importancia del compromiso cívico en la protección del medio ambiente y la promoción de la justicia ambiental.
Gabriel Mendoza Miranda, coordinador nacional del Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, fue uno de los principales expositores del Encuentro, donde compartió avances significativos en la implementación del acuerdo. Mendoza delineó las bases normativas y las etapas esenciales para conformar el Consejo Nacional de Escazú, así como los Comités Regionales. El diálogo fue enriquecedor y brindó un espacio para que los asistentes hicieran preguntas y expresaran sus inquietudes sobre la gobernanza ambiental en su región. Este enfoque participativo marca un hito en la construcción de una política ambiental inclusiva y accesible a todas las comunidades.
El Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile 2024-2030 (PIPE), aprobado recientemente, articula cinco líneas estratégicas que abarcan desde el acceso a la información ambiental hasta el fortalecimiento de capacidades y cooperación. Estos enfoques están en sintonía con los pilares del Acuerdo, lo que garantiza un marco de acción sólido y coherente para avanzar en la justicia ambiental y la defensa de los derechos humanos en el contexto ambiental. Conocer más sobre este plan es fundamental para cualquier ciudadano interesado en participar activamente en la construcción de una sociedad más equitativa y responsable con su entorno.
