La reciente propuesta de congelar el precio de los arriendos ha reavivado un debate crucial sobre el costo de la vivienda en Chile. La iniciativa, que toma como modelo una regulación que pronto se implementará en Nueva York, busca ofrecer una solución temporal a la problemática del aumento indiscriminado de los arriendos. Sin embargo, si bien se presenta como una medida para proporcionar estabilidad a los arrendatarios en un contexto de creciente inflación, también plantea interrogantes sobre su impacto a largo plazo en el mercado inmobiliario.
José Miguel Simian, director del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, ha expresado abiertamente sus preocupaciones respecto a este tipo de control de precios. En sus declaraciones, Simian compareció la situación de Chile con la de ciudades estadounidenses y europeas que han implementado políticas similares. Asegura que tales medidas suelen resultar contraproducentes, ya que desincentivan la inversión en el sector, lo que podría generar una reducción significativo en la disponibilidad de propiedades para arrendar.
El especialista sostiene que la imposición de un límite en los precios de arriendo podría restar atractivo a las inversiones en vivienda destinada al alquiler. “Se hará menos atractivo invertir en viviendas; en consecuencia, la oferta disminuirá”, advierte Simian. Este fenómeno no solo afectaría a los inversionistas, sino que también podría tener repercusiones negativas para los arrendatarios, quienes eventualmente podrían enfrentar una escasez de opciones a medida que se reduzca la construcción de nuevos inmuebles.
Otro de los problemas señalados por Simian es la posibilidad de un deterioro en la calidad de las propiedades disponibles. Cuando las inversiones necesarias para el mantenimiento y la renovación de los inmuebles se ven comprometidas, los arrendatarios podrían verse obligados a habitar espacios en condiciones deficientes. Esta falta de inversión no solo impacta la calidad de vida de los inquilinos, sino que también puede generar un círculo vicioso que afecte la imagen del mercado inmobiliario en su conjunto.
Finalmente, Simian enfoca su análisis en un riesgo particular que esta medida podría acarrear para Chile: la informalización del mercado de arrendamiento. Ante la creciente dificultad por cumplir con los costos de alquiler en un entorno de congelamiento, es posible que tanto propietarios como inquilinos opten por salidas informales que eviten la regulación estatal. Tal escenario no solo desviaría ingresos fiscales, sino que también podría perjudicar a los arrendatarios que recurren a opciones sin garantías ni protecciones legales, enfatizando así la importancia de buscar soluciones más estructurales al problema de la vivienda.
