Uno de los principales problemas estructurales del sistema chileno radica en la fragmentación institucional y la falta de planificación estratégica, más que en la cantidad de permisos requeridos para proyectos. La reciente aprobación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales se ha presentado como un avance significativo hacia la eficiencia institucional y la atracción de inversiones. El Gobierno asegura que esta ley reducirá los plazos de tramitación en un 70% y ayudará a resolver la disparidad normativa de más de 300 permisos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunidades han expresado profundas críticas que van más allá de un sistema puntual; esta disconformidad ha provocado convocatorias a manifestaciones en todo el país y un requerimiento al tribunal constitucional, subrayando que la cuestión central no son solo los tiempos de tramitación, sino la manera en que se toman decisiones clave sobre el territorio y los bienes comunes.
Por otra parte, se ha evidenciado que los retrasos en los procesos de permisos suelen ser el resultado de suspensiones solicitadas por los propios titulares, así como cuellos de botella en entidades que carecen de la capacidad técnica necesaria. Esta situación es agravada por vacíos normativos en áreas clave como el manejo del agua y el ordenamiento territorial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la protección del derecho a un medio ambiente sano es una de las responsabilidades estatales fundamentales, especialmente en un contexto donde la crisis ambiental se entrelaza con ceremonias de derechos humanos. Por ello, es imperativo organizar un sistema que no solo permita la inversión, sino que también garantice la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades.
A medida que se analiza la nueva legislación, surgen preocupaciones respecto a que independientemente de la simplificación de procesos, se corre el riesgo de debilitar las capacidades del Estado o de evaluar adecuadamente los impactos ambientales acumulativos. Es natural que haya una necesidad crítica de mejorar la eficiencia de los trámites, pero no se puede concebir la evaluación ambiental como un obstáculo para las inversiones. Palabras como “permisología” desvirtúan el debate necesario para garantizar que los proyectos no solo sean aprobados rápidamente, sino que estén bien diseñados y sean sustentables en sus respectivos contextos socioambientales.
Alega también que la legislación no aborda adecuadamente el tema de la sustentabilidad social. Mientras que en otros países, como Canadá y Alemania, se financia la participación ciudadana y se promueve la deliberación pública desde las etapas iniciales de evaluación, en Chile aún carecemos de normas y mecanismos efectivos para incluir a las comunidades en los procesos decisionales. Esta deficiencia alimenta la desconfianza hacia el sistema y provoca un aumento en la judicialización de los proyectos, donde las salas de audiencias pueden sustituir a un diálogo democrático esencial para la construcción conjunta de soluciones.
Finalmente, la falta de instrumentos de planificación vinculante en un contexto de alta vulnerabilidad al cambio climático pone en riesgo sectores estratégicos como la energía y la minería. Un ejemplo claro se observa en Magallanes, donde la búsqueda de convertirse en un polo de hidrógeno verde avanza sin un marco regulatorio robusto que evalúe los impactos ambientales ni que involucre a las comunidades locales. La transición hacia energías más limpias representa una oportunidad de repensar el modelo actual, buscando un desarrollo que sea equitativo y sustentable. La pregunta que surge es: ¿estamos dispuestos a equilibrar lo social, ambiental y económico en la búsqueda de un futuro más sostenible para Chile?
