La Comisión Europea ha decidido retirar, este viernes, su propuesta legislativa contra el greenwashing, que tenía como objetivo frenar las declaraciones ambientales engañosas que algunas empresas hacen sobre sus productos y servicios. Esta iniciativa, impulsada inicialmente por el Partido Popular Europeo (PPE) y sectores conservadores, pretendía establecer normas más estrictas para combatir las afirmaciones ambientales faltas. Sin embargo, la decisión ha sido objeto de críticas desde diversas instancias, destacando la percepción de que representa un debilitamiento significativo del compromiso de la Unión Europea con la protección del medio ambiente.
La propuesta de ley, presentada en marzo de 2023, planteaba la necesidad de que cualquier declaración ambiental hecha por las empresas estuviera respaldada por pruebas científicas y verificadas de manera independiente. A pesar de que estudios realizados por la propia Comisión Europea revelaron que más del 50% de las afirmaciones ambientales en la UE eran vagas o no verificables, la presión del sector privado, que consideraba la regulación como excesivamente onerosas, ha llevado a la retirada de la propuesta. Este contexto pone de manifiesto la tensión creciente entre los intereses empresariales y las políticas ambientales en el continente.
El partido PPE, el grupo político más influyente del Parlamento Europeo, argumentó que la propuesta implicaba cargas administrativas y costos demasiado altos para las empresas, lo que llevó a solicitar la eliminación de la iniciativa mediante una carta dirigida a la comisaria de Medio Ambiente, Jesika Roswall. Críticos de la ley han calificado la idea de “aprobación previa” para las declaraciones medioambientales como fundamentalmente errónea, cuestionando la falta de una evaluación de impacto que justificara los beneficios alegados en comparación con los costos regulatorios.
La retirada de la propuesta legislativa sobre el greenwashing ha sido considerada como un movimiento inusual, especialmente en un momento cercano a una nueva ronda de negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. La falta de claridad en torno a la propuesta obligó a suspender dicha reunión, lo que crea un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de las iniciativas verdes en la región. La representante de la Comisión, Paula Pinho, comunicó que la decisión de retirar la propuesta estaba relacionada con una enmienda específica que afectaría a las microempresas al imponerles cargas administrativas excesivas.
Este retroceso en la agenda verde de la Comisión Europea se suma a otros cambios recientes que ponen en riesgo los compromisos del llamado ‘Pacto Verde Europeo’, reconocido como un eje clave en la reelección de Ursula von der Leyen. La flexibilización de las metas de CO2 para vehículos, la postergación de normativas contra la deforestación importada y la reducción del alcance del mecanismo de ajuste por carbono en frontera son solo algunos ejemplos de un tono menos exigente en políticas ambientales. El eurodiputado liberal Sandro Gozi ha manifestado su preocupación, sugiriendo que la Comisión parece actuar bajo la influencia de ciertos grupos, lo que suscitó la inquietud sobre el verdadero compromiso de la UE con su propia agenda ecológica.
