Desde su publicación en diciembre de 2024, la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile ha marcado un hito fundamental en la gestión de información por parte de organizaciones tanto públicas como privadas. Esta legislación establece un plazo de 24 meses para que estas entidades se adapten y cumplan con los requerimientos normativos, que se alinean con estándares internacionales como el GDPR de la Unión Europea. La ley no solo introduce exigencias técnicas, sino que también plantea un cambio cultural profundo en la forma de tratar los datos personales, donde la responsabilidad va más allá de los equipos técnicos y legales, requerirá un compromiso real por parte de la alta dirección de las organizaciones para asegurar un cumplimiento efectivo.
Andrés Corón, gerente de Ciberseguridad de Entelgy Chile, destaca la importancia de este cambio cultural, indicando que el cumplimiento con laLey va a requerir la colaboración activa de la gerencia. “La protección de datos debe ser parte del diseño de los procesos desde el inicio, lo que implica una evaluación completa de los riesgos antes de emprendimientos de manejo de datos”, sostiene. Esto incluye la recolección de solo aquellos datos que son estrictamente necesarios y la implementación de medidas preventivas como el cifrado, la seudonimización y el establecimiento de controles de acceso que garanticen la seguridad de la información personal.
Además de las medidas preventivas, la ley también obliga a las organizaciones a estar preparadas para enfrentar incidentes de seguridad. Los protocolos para detectar, responder y comunicar cualquier vulneración son ahora una necesidad, ya que las entidades deberán notificar a la Agencia de Protección de Datos Personales sobre cualquier brecha. “No basta con reaccionar”, enfatiza Corón, “las empresas deben contar con planes preestablecidos y personal capacitado para una respuesta inmediata ante incidentes de seguridad”. Esta preparación es vital no solo para cumplir con la ley, sino también para salvaguardar la confianza de los usuarios.
Como parte de la normativa, se introduce la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO), un profesional encargado de supervisar el cumplimiento y asesorar a las empresas en sus iniciativas de protección de datos. Esta figura se vuelve crucial en el entorno organizacional, ya que no solo debe poseer un sólido conocimiento legal y técnico, sino que también debe ser capaz de comunicar y unir a todos los distintos niveles de la organización para asegurar que la cultura de la protección de datos sea adoptada de manera uniforme. La comunicación efectiva será clave para el éxito de esta transformación en la gestión de datos.
Ante este nuevo escenario, Entelgy Chile ha lanzado una oferta de valor integral que apoya a las instituciones en este proceso de adecuación. La compañía ha unido esfuerzos con AltLegal, especializada en derecho digital, para ofrecer asesoría legal junto con consultoría en ciberseguridad y herramientas tecnológicas como BigID, que optimiza la gestión del ciclo de vida de los datos personales. Corón señala que esto no solo busca ayudar a las organizaciones a cumplir con la norma, sino también a construir una relación de confianza con sus usuarios. A medida que sectores vulnerables como la salud, finanzas, retail y telecomunicaciones se enfrentan a un panorama de riesgo creciente, adaptar sus estrategias se volverá cada vez más urgente. El cumplimiento normativo no solo evitará sanciones severas, sino que también protegerá su reputación en un entorno digital cada vez más complejo.
