El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, creado en 2010 a través de la ley 20.417, es una entidad clave en la lucha por un desarrollo sostenible en el país. Sin embargo, es importante recordar que la preocupación por los problemas ambientales comenzó mucho antes, con la promulgación de la ley sobre Bases Generales que dio origen a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en 1994. Durante los años noventa, Chile y el mundo enfrentaban un alarmante deterioro de sus ecosistemas; desde la creciente contaminación del aire en ciudades como Santiago, hasta las crisis ambientales en zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví. La evidencia del cambio climático se hacía cada vez más palpable, lo que llevó a diversos gobiernos a establecer ministerios enfocados en la protección del medio ambiente y a un aumento de las ONG dedicadas a esta causa, que patrullaban con un enfoque más restrictivo.
Con el paso del tiempo, la transición del ambientalismo militante hacia el diseño de políticas públicas comenzó a notarse. Muchas personas provenientes de ONG medioambientales lograron infiltrarse en las estructuras gubernamentales, llevando consigo una agenda que priorizaba la prohibición y la preservación de los recursos naturales. Este enfoque, arraigado en partidos verdes que encontraba su auge en Europa en 2019, comenzó a ver una respuesta adversa por parte de sectores rurales y agricultores que se sintieron amenazados por regulaciones excesivas. La popularidad de estos partidos cayó drásticamente en elecciones posteriores, lo que evidencia una reacción a la falta de pragmatismo en las políticas ambientales. En Chile, esta ola de radicalismo también ha comenzado a cristalizarse, logrando generar una tensión similar en el ámbito local.
En el contexto actual de Chile, la falta de equilibrio entre las exigencias ambientales y el desarrollo social y económico se ha vuelto cada vez más evidente. Las regulaciones ambientales, que en ocasiones son extremadamente restrictivas, han perjudicado la ejecución de proyectos que podrían beneficiar a comunidades rurales y generar empleo, tales como hospitales y plantas desaladoras. Esta situación ha llevado a un clima de frustración generalizado entre la ciudadanía, ya que muchas iniciativas valiosas enfrentan obstáculos innecesarios derivados de una regulación ambiental que no considera adecuadamente el impacto social y económico de sus decisiones. La creciente presión por cumplir con estándares ambientalistas ha hecho que proyectos vitales se detengan o se tornen inviables para su implementación.
La idea de que el medio ambiente debe ser tratado de manera sostenible, un concepto que tiene más de 300 años de historia, ha sido reducida en su aplicación práctica en el país. Aunque el Ministerio del Medio Ambiente tiene la importante misión de evaluar los proyectos de inversión, se ha desplazado el enfoque de una gestión integrada hacia una permisología asfixiante. Esta orientación crea una percepción errónea de que solo el medio ambiente tiene relevancia en las decisiones del ministerio, dejando de lado los aspectos sociales y económicos que son igualmente cruciales para la sostenibilidad. Se hace evidente que las políticas medioambientales deben diseñarse con una visión integral, donde no solo se considere la protección de la naturaleza, sino que también se garantice el bienestar socioeconómico de la población.
A partir de los desafíos actuales y de los errores del pasado, surge la propuesta de transformar el Ministerio del Medio Ambiente en un Ministerio de Sostenibilidad. Este cambio de nombre y enfoque podría ser una señal significativa de un compromiso real hacia un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. La lucha por una gestión ambientalmente responsable no debe traducirse en pérdidas sociales y económicas que a largo plazo pueden afectar el propio estado del medio ambiente. La historia ha demostrado que los países con carencias económicas no priorizan la protección de su entorno, lo que plantea un imperativo urgente: garantizar que las políticas ambientales sean equitativas y beneficiosas para toda la sociedad, en vez de crear cerca que segregue y ahoguen oportunidades.
