La reciente aprobación de la reforma al sistema notarial en Chile ha generado un amplio debate entre los profesionales del ámbito registral y la opinión pública en general. Tras más de cinco años de tramitación, muchos celebran la modernización llevada a cabo, sin embargo, un grupo significativo de expertos lamenta que la esencia de la iniciativa original se haya perdido. La propuesta inicial contemplaba la creación de nuevas notarías, con el propósito de aumentar la oferta en el mercado y fomentar la competencia, un aspecto que, en última instancia, fue dejado de lado durante el proceso legislativo.
Los críticos de la reforma resaltan que lo que fue presentado como una modernización integral ha resultado ser más bien un cambio superficial, incapaz de resolver problemas estructurales que afectan a los usuarios del sistema notarial. La Fiscalía Nacional Económica había indicado previamente que era imprescindible romper con lo que se define como un “oligopolio regulado”, donde la limitada cantidad de notarías no solo encarece los servicios, sino que además restringe la calidad de los mismos. Este oligopolio limita la capacidad de los ciudadanos para obtener servicios notariales que sean accesibles y competitivos.
Además, la falta de enfoque en la digitalización del sistema notarial ha sido otro punto de crítica. A pesar de los discursos que apuntaban hacia la implementación de escrituras electrónicas y la posibilidad de firmar documentos mediante tecnologías avanzadas de identificación, los resultados son decepcionantes. La ley actual no ha logrado incorporar mecanismos como la firma electrónica avanzada o el uso de tecnologías seguras para la validación de identidades, lo que podría haber mejorado considerablemente la eficiencia y la seguridad de los trámites notariales.
Otro aspecto olvidado por la reforma es la prevención de fraudes en el sistema notarial. Desde FirmaVirtual se sostiene que un diseño más robusto podía haber contemplado mecanismos de aleatorización en la asignación de notarios para ciertos trámites, así como asegurar de manera efectiva que la firma de documentos se realice en presencia de un notario, evitando así posibles vulneraciones. La protección del principio “ante notario” es esencial para garantizar la seguridad y fiabilidad del proceso notarial.
Finalmente, aunque la nueva ley introduce algunas mejoras, como el nombramiento de notarios a través de concursos públicos que eliminan la intervención de las Cortes de Apelaciones, muchos consideran que estos ajustes son insuficientes para abordar los problemas de fondo del sistema. Chile se presentó ante una oportunidad histórica para reestructurar el sistema notarial, situando la competencia, la tecnología y la seguridad en el centro de este. Sin embargo, al no aprovechar este momento de cambio, el país se queda con una legislación que no se alinea con las exigencias de un sistema moderno que sus ciudadanos merecen.
