Un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) ha evidenciado que el impuesto aplicado a la minería privada en Chile recaudó más de $1.600 millones durante el año 2025, lo que muestra un incremento del 11% con respecto al año anterior. Este aumento en la recaudación es una buena noticia para las finanzas del país; sin embargo, el informe también revela que apenas el 28% de estos ingresos se distribuyó a través de los tres fondos creados específicamente para canalizar recursos a regiones y comunas, generando un debate adicional sobre la gestión y utilización de estos fondos en el contexto de desarrollo territorial.
El análisis de CESCO pone de manifiesto que, a pesar de una recaudación que podría parecer positiva, la distribución de los recursos a nivel territorial es insatisfactoria. El informe destaca que sólo alrededor de $454 millones de la recaudación del año 2026 fueron asignados a los fondos territoriales, lo que pone en cuestión la efectividad de la legislación actual que busca asegurar un uso más directo de los recursos generados por la minería en las comunidades afectadas por esta actividad. El estudio subraya la necesidad de mejorar la trazabilidad del uso de estos fondos y su vinculación con proyectos que fortalezcan el desarrollo local y regional.
A medida que el nuevo royalty, implementado desde enero de 2024, va tomando forma, también lo hace la discusión sobre cómo asegurar que una mayor parte de los ingresos se invierta en iniciativas que realmente beneficien a las regiones mineras. CESCO propone que una fracción de estos ingresos se destine a investigación, desarrollo e innovación en el sector, lo que subrayaría la importancia de transformar la recaudación en proyectos útiles y sostenibles. Demandando un enfoque más estratégico, el informe sugiere que se evalúen mecanismos que financien no solo la exploración minera, sino también el apoyo a proveedores locales y la infraestructura necesaria en las regiones más afectadas.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la alta concentración en la recaudación del royalty, donde unas pocas minas, como Minera Escondida, contribuyeron a la gran mayoría del total recaudado. Esto genera una dependencia sobre un número limitado de operaciones y plantea la necesidad de implementar una plataforma pública que permita un seguimiento más claro de las contribuciones de cada empresa. Con más del 72% de lo recaudado en 2025 que se destinó a las rentas generales del Estado, se corre el riesgo de que los recursos sean desviados y pierdan su capacidad de impactar directamente en el desarrollo local, por lo que CESCO sugiere una revisión de cómo se distribuyen y utilizan estos recursos.
Por último, el informe plantea que, a pesar de que se asignaron casi todos los fondos a los municipios correspondientes, la ejecución real y el impacto de estos recursos en las comunidades aún presentan deficiencias significativas. Con solo el 66% de los fondos utilizados hasta la fecha, se necesita un seguimiento más riguroso para garantizar que los proyectos se realicen efectivamente y sean de beneficio tangible para la población. CESCO concluye que, si bien Chile ha dado pasos significativos en la generación de recursos para sus territorios mediante el royalty minero, lo más crucial ahora es asegurar que estos fondos se transformen en inversiones concretas que fortalezcan el desarrollo a largo plazo y se alineen con las necesidades de las comunidades locales.
