En su reciente Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric conscientes del entorno macroeconómico, abordó un tema crucial que ha sido motivo de preocupación para muchos: la dificultad para tramitar permisos en Chile. El mandatario reconoció que esta complicación es un obstáculo serio para el desarrollo y que requiere atención urgente. Su propuesta de implementar reformas que reduzcan los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70% es un paso positivo, pero las dudas sobre su efectividad permanecen. Los actores del ámbito inmobiliario y de la construcción esperan que estas medidas lleguen a tiempo y no resulten ser un mero ejercicio de buenas intenciones, ya que muchos proyectos están estancados no por falta de recursos, sino por un sistema altamente burocrático que ralentiza cualquier iniciativa constructiva.
Un caso emblemático que ilustra esta problemática es el del nuevo Instituto Nacional del Cáncer, que ha quedado parado debido a exigencias que parecen desproporcionadas. La autoridad ambiental pedía la inclusión de jardines con técnicas japonesas y la creación de hábitats para insectos, lo que, aunque puede ser valioso desde una perspectiva ecológica, cuestiona las prioridades en un entorno urbano donde el desarrollo de infraestructura crítica está en juego. Asimismo, otras importantes obras, como la modernización de la Ruta 5 Norte, llevan más de diez años estancadas a causa de estudios arqueológicos prolongados por hallazgos de relevancia histórica. Mientras este tipo de exigencias continúan sin un equilibrio justo, el costo económico y social de estas paralizaciones sigue aumentando, poniendo en riesgo la inversión y el desarrollo en el país.
Los efectos colaterales de este embrollo burocrático se hacen aún más visibles cuando se observan situaciones que parecen salidas de un mito urbano. Un desarrollador en Santiago se vio atrapado por la demora en su proyecto debido al hallazgo de un jarrón de greda, enfrentando meses de estancamiento, incluso tras proponer exhibir el objeto como parte del diseño del edificio. Este tipo de situaciones generan frustración, no solo por la falta de respuesta a su propuesta, sino también por el impacto financiero que resulta en la paralización de la obra. La realidad es que, en un contexto donde la inversión se hace cada vez más precaria, las empresas constructoras y desarrolladoras se ven forzadas a cerrar, y muchas de las que permanecen en pie lo hacen sin la motivación suficiente para seguir adelante.
El descontento de ciudadanos preocupados por su comunidad puede ser comprensible, pero cuando este descontento deriva en acciones que impiden el desarrollo conforme a las normativas vigentes, se crea un círculo vicioso que paraliza el progreso. El caso de un supermercado en Zapallar, cuya apertura fue frenada por la oposición de vecinos que alegaban un posible cambio en el estilo de vida local, es un claro ejemplo. Cuando los proyectos están aprobados por las instancias correspondientes, no puede ser que una voz aislada logre bloquear el desarrollo legítimo. La solución y ruta a seguir debe enfocarse en fomentar la participación ciudadana en la etapa de planificación, más que en la fase de ejecución, donde la inversión ya se ha realizado.
La necesidad de un balance entre el desarrollo sustentable y los estándares técnicos no debe conducirnos a una parálisis generalizada. Chile debe avanzar hacia una legislación que favorezca la agilidad en los procesos de permisos, respetando siempre el marco legal y protegiendo el interés público. El riesgo de que la permisología infinita se convierta en una traba al desarrollo es inminente y puede desencadenar problemas aún mayores, como corrupción y frustración entre los actores del mercado. Si bien es fundamental cuidar el medio ambiente y los espacios patrimoniales, tampoco se puede perder de vista la necesidad de jurisdicciones claras, donde la gobernanza sea eficaz y permita la inversión responsable, fomentando así la cultura del emprendimiento que el país tanto necesita.
