El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidido por la ministra Maisa Rojas, aprobó esta mañana una nueva norma de emisión destinada a las fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico en Chile. Este instrumento establece exigencias más estrictas para la reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos como material particulado, dióxido de azufre, arsénico y mercurio, con el firme objetivo de proteger la salud pública y el medio ambiente. La implementación de esta norma busca mejorar la calidad del aire en regiones que históricamente han sido afectadas por la actividad industrial, marcando un avance significativo en la política medioambiental del país.
Durante la presentación de la nueva norma, la ministra Rojas enfatizó la importancia de esta regulación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y preservar el patrimonio natural de Chile. ‘Con la aprobación de esta nueva norma, avanzaremos en la dirección de disminuir las emisiones contaminantes y fomentar un desarrollo más sostenible’, indicó. Esta declaración resalta el compromiso del gobierno por adoptar medidas concretas que impacten positivamente en el bienestar de las comunidades y su entorno, en concordancia con los principios de desarrollo sostenible.
La implementación de la norma se dividirá en tres etapas, considerando diferentes límites para fuentes nuevas y existentes. Las exigencias incluyen porcentajes mínimos de captura de contaminantes, límites anuales de emisión expresados en toneladas y restricciones específicas para las chimeneas de procesos unitarios. En la primera etapa se congelarán las emisiones actuales, obligando a las fuentes existentes a capturar al menos el 95% de sus emisiones de azufre y arsénico, mientras que las nuevas instalaciones deberán alcanzar una captura del 99,5%. Esto simboliza un paso drástico hacia una regulación más estricta y efectiva.
A medida que avanza la implementación de la norma, se prevé un endurecimiento progresivo de los requisitos. En las siguientes etapas, que se implementarán en los próximos tres y nueve años, las fuentes existentes deberán aumentar la captura a un 96% y posteriormente a un 98%, acompañadas de restricciones en los límites máximos de emisión. Esta estrategia escalonada permitirá un ajuste progresivo de la industria hacia prácticas más responsables y menos contaminantes, asegurando un compromiso serio con la salud ambiental y pública.
El proceso de actualización de esta normativa se inició en 2020, y se llevó a cabo una consulta pública entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, donde se recibieron observaciones de diversos sectores. Las aportaciones de la ciudadanía, empresas y organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales para enriquecer el texto final de la norma, haciendo ajustes necesarios en los límites de emisión e incluyendo nuevas obligaciones de control de material particulado. Este enfoque participativo subraya la intención del gobierno de construir una regulación inclusiva y efectiva, reafirmando su compromiso con la calidad del aire y la salud de las comunidades en Chile.
