El complejo escenario económico que enfrenta el país ha llevado a una serie de discusiones en torno a la posible reducción de personal en el sector público, lo que ha reavivado preocupaciones sobre la situación de miles de trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes para el Estado. A pesar de desempeñar funciones esenciales, estos trabajadores no cuentan con el reconocimiento jurídico correspondiente, lo que plantea un dilema significativo respecto a su estatus laboral. Expertos indican que cualquier intento de mejorar la eficiencia del aparato público debe comenzar por abordar la precariedad en la que se encuentran estos trabajadores, quienes están sujetos a horarios estrictos y supervisión, pero no son considerados formalmente como funcionarios públicos.
La importancia de esta discusión se agudiza en el marco de los debates sobre cambios en la jornada laboral y la búsqueda de una mayor flexibilidad en el empleo público. Mientras que estas medidas pueden parecer razonables para adaptarse a un contexto de restricciones presupuestarias, numerosos especialistas alertan sobre el riesgo de reforzar la vulnerabilidad de aquellos trabajadores que ya operan bajo la modalidad de honorarios. En este sentido, la abogada Camila Cárdenas, directora de Litigación de Soy Honorario, subraya que existe una contradicción estructural que no debe ser ignorada: “Estamos hablando de miles de trabajadores que realizan funciones estables y regulares, pero a quienes no se les reconoce como parte del Estado ni se les otorgan los derechos laborales básicos”.
Cárdenas afirma que discutir la flexibilidad en el sector público sin antes resolver la situación de precariedad de los trabajadores a honorarios podría tener consecuencias desastrosas. Explica que podría llevar a la aplicación de normas pensadas para empleados formalmente contratados, a personas que en la actualidad carecen de las mismas protecciones y derechos, y que esto podría dejarlas en una posición aún más expuesta. “Es crucial que el Estado asuma responsabilidad por aquellos que han sostenido la administración pública durante años, en lugar de ampliar el marco de flexibilidad sin abordar las injusticias existentes”.
Desde el colectivo Soy Honorario se sostiene que el actual contexto económico puede ser una oportunidad para impulsar una discusión más amplia sobre la modernización del empleo público. Proponen que la eficiencia y la sostenibilidad fiscal deben ir de la mano con la protección de los derechos laborales de los trabajadores a honorarios. Abogan por una reforma integral que no solo busque establecer un funcionamiento más eficaz del Estado, sino que también incluya la regularización de estos operarios como un elemento central para garantizar certeza jurídica, mejorar las condiciones laborales y, en última instancia, promover un sistema público más equitativo.
Así, la necesidad de regularización y reconocimiento de los trabajadores a honorarios se vuelve urgente para evitar que se profundicen las brechas existentes en el sector público. Este grupo ha sido clave para el funcionamiento del Estado a lo largo de los años, y, sin embargo, su precariedad laboral ha quedado relegada en las discusiones sobre reformas y ajustes. Por ende, los expertos llaman a un replanteamiento del diálogo donde la situación de los trabajadores a honorarios sea una prioridad, estableciendo un marco laboral justo antes de implementar cambios que podrían incrementar su inseguridad.
