Tras un proceso legislativo ágil y decidido, la iniciativa presentada por el Gobierno el 23 de junio se ha convertido en ley bajo el nombre de ‘Ordenemos la Cuenta’. Esta nueva normativa tiene como objetivo primordial proteger la economía de las familias chilenas, regularizar las deudas pendientes con las compañías del sector eléctrico y fortalecer el sistema electrico nacional. De esta forma, se promueve un servicio más seguro, estable y sostenible para todos los ciudadanos. La votación en el Senado resultó en unanimidad, mientras que en la Cámara de Diputados y Diputadas se logró una amplia mayoría, lo que resalta la relevancia de esta ley para el país y su compromiso con la ayuda social y la justicia tarifaria.
El seremi de Energía de Los Lagos, Andrés Niklitschek, mostró su satisfacción tras la aprobación del proyecto, destacando la importancia de esta legislación para aquellos que enfrentan dificultades económicas en la región. “Con esta iniciativa, podremos saldar las deudas pendientes de manera que no impacten negativamente en el bolsillo de las familias”, señaló. Además, indicó que el objetivo es ampliar el Subsidio Eléctrico hasta el 2027 y mitigar el efecto de las alzas en las tarifas eléctricas, proporcionando así un alivio muy necesario a las familias de la región.
La ley ‘Ordenemos la Cuenta’ establece varias medidas para garantizar la protección de los hogares más vulnerables, entre ellas, una rebaja y certeza tarifaria que incluye la extensión del subsidio eléctrico hasta finales de 2027. La norma también busca manejar adecuadamente las proyecciones de alzas de tarifas que se esperaban en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se estimaba un incremento del 19% en el segundo semestre de 2026. Este enfoque permitirá que las familias se mantengan a flote a pesar de las dificultades económicas venideras.
Otro aspecto clave de esta normativa es la regularización de las tarifas y el saneamiento de las deudas acumuladas por los hogares con las empresas distribuidoras. El plan es pagar la deuda correspondiente al componente de distribución, que ha acumulado 43 meses de atraso, de una manera gradual que no perjudique el presupuesto familiar. A partir de 2028, se espera que el cargo por deuda con generadoras se reduzca de 22 a 9 $/kWh, facilitando así un ahorro real en las cuentas de electricidad e impulsando la estabilidad financiera de las familias chilenas.
Finalmente, el proyecto de ley se centra en garantizar la seguridad y calidad del servicio eléctrico. Se permitirá a las autoridades acelerar inversiones necesarias en distribución, asegurando que las obras se financien mientras están en ejecución. De esta manera, el sistema eléctrico no solo se estabiliza, sino que también se prepara para operar sin retrasos ni nuevas deudas para los consumidores a partir de 2029. En conjunto, estas medidas representan un paso adelante hacia un sistema eléctrico más justo y predecible, fortaleciendo la resiliencia del servicio y la seguridad de los usuarios.
