La reciente megarreforma presentada por el gobierno chileno ha suscitado un amplio debate, particularmente en torno a su enfoque sobre la exención del impuesto territorial para personas mayores de 65 años. Si bien el diagnóstico de la situación es acertado—la necesidad de proteger a los ancianos de perder su vivienda por la carga impositiva—la solución propuesta ha sido criticada por su falta de matices y su riesgo de beneficiar socialmente a quienes tienen mayores ingresos. Esta situación plantea inquietudes sobre un sistema tributario que, en lugar de actuar de manera justa, podría incurrir en regresiones que favorecen a los más adinerados, poniendo en riesgo la equidad que se busca con estas políticas.
La reforma establece que 100% del impuesto territorial será eximido sobre una vivienda principal para todos los ancianos, lo cual incluye estacionamientos y bodegas. Las nuevas disposiciones exigen que los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos, como la residencia efectiva y estar al día en sus pagos municipales. Sin embargo, estos requisitos no son suficientes para abordar la disparidad manifiesta en el acceso a estos beneficios, ya que su aplicación se realiza de manera uniforme sin considerar el contexto financiero de cada beneficiario.
En este contexto, se observa que la edad no es un indicador absoluto de vulnerabilidad. Una persona con una pensión mínima que habita una vivienda modesta califica para las mismas ventajas que un individuo con altos ingresos y un patrimonio considerable. Este sistema crea una paradoja en que, bajo un pretexto social, el Estado puede acabar otorgando subsidios significativos a personas con mayor riqueza, mientras que quienes verdaderamente necesitan apoyo podrían no obtener la ayuda suficiente para su situación.
Además, la reforma ha generado una preocupante tensión municipal, ya que se estima que la recaudación se verá afectada en cerca de $190 mil millones. Esta reducción implica que los recursos que alimentan servicios esenciales como la salud primaria, la seguridad y las áreas verdes se verán comprometidos. Así, aunque el gobierno propone compensaciones a las municipalidades afectadas, surgen dudas sobre la efectividad de estas medidas y la posibilidad de que algunas comunas queden sin recursos, agravando la situación de sus habitantes.
Es crucial que la exención de impuestos en la vivienda principal introduzca límites claros respecto a ingresos y avalúos, promoviendo una verdadera justicia social que no se limite a la mera entrega de beneficios. La compensación a las municipalidades debería ser un proceso automático, asegurando transparencia y equidad. Para que la reforma cumpla su propósito de proteger a los mayores sin comprometer el bienestar de los servicios municipales, es esencial que se revisen y ajusten estas políticas, garantizando que no se sacrifiquen los recursos vitales de las comunidades.
