En la reciente sesión legislativa, las diputadas y los diputados se dispusieron a analizar en profundidad los cambios introducidos por la Cámara Alta respecto al proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Esta iniciativa, que busca optimizar y agilizar la entrega de permisos no ambientales para proyectos agrícolas y pesqueros, ha suscitado un intenso debate a medida que los legisladores votaban sobre distintas indicaciones y artículos específicos. Durante esta jornada, se destacaron más de veinte votaciones separadas impulsadas por los senadores, evidenciando la complejidad de una normativa que afecta a la inversión en múltiples sectores. A medida que se avanza hacia el tercer trámite de este proyecto, la expectativa es contribuir a la modernización de un marco legal que ha sido objeto de críticas debido a su lentitud y complicaciones en los procesos administrativos.
El proyecto, diseñado para reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales, ha sido objeto de un escrutinio meticuloso por parte de las comisiones de Economía y Hacienda del Senado. Esta iniciativa no solo busca proporcionar un marco claro que estandarice los procedimientos administrativos, sino que también pretende incrementar la certeza jurídica para los inversores y la ciudadanía. Al alinear las respuestas administrativas a las necesidades del desarrollo productivo y económico, el proyecto tiene como fin facilitar la inversión al tiempo que se mantienen los estándares regulatorios necesarios para salvaguardar el medio ambiente y los derechos de las personas.
Durante el debate, los senadores expusieron posturas encontradas sobre el “principio de previsibilidad”, siendo la preocupación central la posible afectación a la institucionalidad ambiental. El senador Alfonso De Urresti alertó sobre el riesgo de que un estricto cumplimiento de los nuevos requisitos para permisos no ambientales pudiera derivar en un debilitamiento de las normativas ambientales existentes. No obstante, el proyecto fue aprobado, junto con el “principio de proporcionalidad”, que busca que las limitaciones impuestas a los proyectos sean adecuadas al riesgo y al objetivo perseguido, evitando cargas excesivas que podrían obstaculizar el adecuado desarrollo de diversas actividades económicas.
Con la aprobación de nuevas normas, se estableció que, en términos generales, la habilitación de proyectos se realizará mediante técnicas habilitantes alternativas, lo que minimiza la necesidad de procedimientos administrativos formales. Sin embargo, el tema del silencio administrativo generó preocupación entre los legisladores, quienes señalaron los peligros asociados a la interpretación automática de la falta de respuesta como una aprobación tácita de permisos solicitados. La noción de que un silencio puede interpretarse como una respuesta fue también respaldada, impulsando un debate sobre la necesidad de asegurar la efectiva comunicación y respuesta de los organismos públicos en la tramitación de estos permisos.
Finalmente, se aseguraron normas que permiten sancionar a las entidades que demoren el cumplimiento de plazos en la autorización de inversiones estratégicas. El debate se centró en la reducción de plazos de permisos, especialmente aquellos relacionados con el Código de Aguas, y se discutió la conveniencia de optar por notificaciones juradas en lugar de autorizaciones explícitas, para mejorar la agilidad en los trámites. Además, las iniciativas que promueven la reutilización de aguas grises y la construcción de embalses fueron temas clave, reflejando la urgencia de modernizar las estructuras de autorización para afrontar eficientemente los retos de desarrollo y sostenibilidad que enfrenta el país.
