La propuesta de Ley de Patrimonio Cultural, que se encuentra en discusión, ha generado inquietud entre expertos en regulación, derecho y productividad al insinuar la posibilidad de un impacto negativo en proyectos estratégicos del sector minero, energético e infraestructura. Este nuevo proyecto, que pretende modernizar la institucionalidad del patrimonio cultural y descentralizar su gestión, podría incumplir su objetivo al imponer mayores exigencias normativas, duplicar procesos y aumentar el riesgo de judicialización, según advierten especialistas. La falta de adecuación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se destaca como uno de los elementos más preocupantes, ya que podría paralizar el progreso de iniciativas cruciales para el desarrollo económico del país.
Dentro del contenido del proyecto se incluyen conceptos innovadores como zonas patrimoniales, paisajes e itinerarios culturales, así como un sistema de autorización previa para efectuar trabajos en sitios arqueológicos o paleontológicos. Sin embargo, personalidades del sector, como Juan Ignacio Guzmán de la consultora Gestión y Economía Minera, alertan que estas nuevas iniciativas obligan a abordar los componentes patrimoniales desde la etapa de exploración. Esto puede complicarse si no hay una coordinación adecuada con el SEIA, dado que se corre el riesgo de duplicar requisitos y extender considerablemente los plazos de los proyectos.
Desde el ámbito académico, Paulina Sandoval, experta en derecho ambiental, sostiene que la propuesta de ley podría generar confusión al no establecer definiciones claras y principios que ofrezcan coherencia jurídica. La preocupación radica en que el Consejo de los Patrimonios Culturales podría declarar ciertos bienes patrimoniales sin un marco normativo que justifique estas decisiones, lo que puede conducir a un uso desmedido de esta facultad. Además, la creación de nuevas categorías de protección relacionada con el patrimonio inmaterial y las tradiciones de pueblos indígenas podría resultar en que más proyectos deban ingresar al SEIA, contradiciendo iniciativas previas de simplificación de este sistema.
El abogado Felipe Leiva también critica la propuesta, argumentando que aunque introduce avances conceptuales, no aborda los problemas más apremiantes del sistema vigente. Se enfoca en la creación de nuevos procedimientos sin reforzar las capacidades operativas necesarias para su implementación efectiva. Leiva argumenta que el nuevo Consejo de los Patrimonios debería actuar más como un órgano asesor, equilibrando la representación de diferentes sectores, incluido el ámbito productivo. Este cambio podría evitar tensiones innecesarias que obstaculicen el avance de los proyectos.
Finalmente, tanto Guzmán como Leiva subrayan la importancia de regular adecuadamente la facultad del Servicio Nacional del Patrimonio (Serpat) para suspender obras ante hallazgos patrimoniales. Sin criterios técnicos claros y plazos definidos, esta asignación podría llevar a decisiones arbitrarias que impacten la continuidad de los proyectos. Para Guzmán, la falta de conexión entre la nueva ley y el SEIA podría colapsar aún más el sistema, incrementando los tiempos de espera que actualmente ya alcanzan hasta 800 días para obtener respuestas a solicitudes. Esta situación pone en jaque la viabilidad de proyectos esenciales para el crecimiento y desarrollo del país.
