La próxima Operación Renta 2026 traerá consigo cambios significativos que afectarán a empresas, intermediarios financieros y contribuyentes en general, según anunció el Servicio de Impuestos Internos (SII). Se incorporarán cinco nuevas declaraciones juradas que tienen como objetivo mejorar la fiscalización y la trazabilidad de las operaciones económicas en Chile. Estas nuevas exigencias se enfocan en actividades que han ganado relevancia en los últimos años, tales como el uso de criptoactivos, contratos de leasing y la administración de fondos de terceros. Este avance permitirá a Chile alinearse con los estándares internacionales de transparencia tributaria, un paso crucial en el contexto de un mundo cada vez más globalizado y digitalizado.
Según las directrices emitidas por el SII, las nuevas medidas, introducidas mediante las Resoluciones Exentas N°110 a 114 publicadas en agosto de 2025, comenzarán a implementarse en el Año Tributario 2026. Entre las declaraciones más relevante se encuentra el reporte de criptoactivos pertenecientes a contribuyentes que residen en el extranjero, que obligará a los proveedores de servicios de activos digitales a informar sobre las transacciones realizadas por estos usuarios, incluyendo detalles tales como montos, tipo de criptoactivo y fechas de transacción. Esta normativa no solo facilitará el intercambio de información fiscal a nivel internacional, sino que también puede ayudar a detectar evasiones fiscales.
Otra declaración que destaca es la que se refiere a los activos digitales de contribuyentes en Chile. Esta exigencia obligará a exchanges, plataformas y wallets a reportar los activos digitales de usuarios domiciliados en el país, marcando un hito significativo en la incorporación de criptoactivos al sistema tributario chileno. La adopción del estándar internacional Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) impulsado por la OCDE representa un avance relevante en materia de control y regulación que probablemente influya en la forma en que se realizan transacciones digitales en el país.
Las nuevas medidas también abarcan detalles sobre bienes entregados en leasing, un tema que hasta ahora no contaba con una declaración específica. Las empresas deberán informar sobre el tipo de bien arrendado, su valor, la duración del contrato y la identidad del arrendatario. Esta información permitirá al SII obtener un mejor entendimiento de los efectos tributarios asociados a estos acuerdos, y constituirá una herramienta crucial para abordar posibles irregularidades en estos contratos.
Por último, se introduce la declaración sobre fondos administrados de terceros, que exigirá a las administradoras de fondos, bancos e intermediarios financieros reportar información detallada sobre inversiones de terceros. Con plazos de vencimiento establecidos, esta normativa también fortalecerá la supervisión de los movimientos financieros internacionales y permitirá identificar rentas no declaradas. En conjunto, estos cambios indican un cambio de fondo en la fiscalización tributaria en Chile, donde el enfoque del SII se orienta hacia un sistema que permita una trazabilidad financiera más efectiva y un cruce automático de información.
