El último informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción, a través de su Gerencia de Estudios y Políticas Públicas, ha revelado un preocupante estado de los Planes Reguladores Comunales (PRC) y los Planes Reguladores Intercomunales (PRI/PRM) en Chile. Se ha determinado que estos instrumentos normativos esenciales, que otorgan directrices sobre el desarrollo urbano, presentan en promedio 18 años de antigüedad en el caso de los PRI y PRM, y hasta 23 años en el caso de los PRC. Además, se observó que, si bien 11 regiones cuentan al menos con un PRI o PRM, 269 comunas tienen PRC, cubriendo el 96% de la población urbana, aunque 77 comunas aún carecen de estos planes, lo que genera preocupaciones sobre el futuro del urbanismo en el país.
El estudio también hace referencia a la discrepancia existente entre la normativa vigente y la realidad, ya que la legislación establece que los PRI, PRM y PRC deben ser actualizados cada diez años. Esto se vuelve aún más relevante al considerar que, a partir de abril de este año, ciertos planes deberían haber completado su actualización. Sin embargo, los hallazgos evidencian que el Estado no solo ha fallado en cumplir con este mandato, sino que al menos 231 planes necesitan ser evaluados para determinar su vigencia, un proceso que no parece estar en marcha.
Una de las causas principales identificadas en el informe es la falta de personal capacitado para llevar a cabo la revisión y actualización de estos instrumentos. Según los datos, el país cuenta con solo 86 funcionarios en el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (DDUI) y aproximadamente 297 profesionales en otras áreas de asesoría urbana. Esto se traduce en un promedio de 1,8 profesionales responsables por cada plan a modificar, lo cual es insuficiente para afrontar las múltiples demandas y desafíos que presentan los planes desactualizados.
El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, enfatiza la urgencia de abordar la antigüedad de los planes reguladores en Chile. Resalta que no es tanto la existencia de los instrumentos de planificación territorial, sino la necesidad de modernizarlos para hacer frente a las nuevas realidades urbanas. Para esto, es crucial fortalecer las capacidades a nivel local y regional, de modo que se logre un proceso eficiente y ágil que permita contar con planes actualizados en un tiempo razonable, evitando las dilaciones de hasta ocho años que se han registrado anteriormente.
Finalmente, el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, advirtió que la sobrecarga de trabajo prevista por un nuevo proyecto de ley, que impondría revisiones cada dos años para los planes, podría agravar aún más la situación. León señala que la burocracia y la escasa efectividad en los procesos de participación ciudadana están interfiriendo significativamente en la capacidad de los planes reguladores para adaptarse a las necesidades reales de las comunidades, lo que podría resultar en un urbanismo que no responde adecuadamente a las demandas de la población.
