Según el reciente informe de la ONU titulado ‘Puntos calientes de la sequía en el mundo 2023-2025’, la situación de la sequía continúa deteriorando la calidad de vida de millones de personas a nivel global, exacerbando la pobreza, el hambre y los problemas energéticos y ambientales. Esta problemática no solo afecta a países de África y Asia, sino que también se extiende a regiones de Europa y América Latina. En este contexto, Chile se encuentra nuevamente bajo la amenaza de un déficit de precipitaciones, tal como lo indican los reportes de julio de 2025 de la Dirección Meteorológica y la Dirección General de Aguas. Este escenario refleja la tendencia creciente de episodios de sequía, intensificados por el cambio climático, lo cual demanda una atención urgente y sostenida por parte de las autoridades y la ciudadanía.
A pesar de las ocasionales lluvias que pueden ofrecer un alivio temporal, la sequía se ha convertido en una amenaza estructural para el país. El informe ‘Panorama Global de la Sequía 2025’ de la OCDE resalta que el costo económico de una sequía promedio ha aumentado drásticamente, siendo ahora hasta seis veces mayor que el costo registrado en el año 2000. Esta tendencia alarmante sugiere que, si no se toman medidas efectivas, los gastos relacionados con las sequías podrían incrementarse en un 35% adicional para el año 2035. En Chile, se estima que dos tercios del territorio enfrenta una alta frecuencia de sequías, lo que también potencia el riesgo de incendios devastadores como el que asoló la zona central en 2017.
Un estudio realizado por el Capes UC en 2024 estimó que la llamada megasequía que afectó a la zona central entre 2010 y 2020 generó pérdidas superiores a los 1.200 millones de dólares, abarcando tanto los sectores productivos como la crítica provisión de agua potable. A raíz de esta crisis, las empresas sanitarias han invertido más de 2.000 millones de dólares en la última década, creando nuevas fuentes de abastecimiento, plantas desalinizadoras y mejoras en la red de distribución. Sin estas inversiones significativas, muchas ciudades de Chile habrían enfrentado cortes críticos en el suministro de agua, lo que subraya la urgente necesidad de garantizar la seguridad hídrica del país.
Sin embargo, el costo de la sequía va más allá de lo económico. Según Naciones Unidas, las sequías afectan a más personas que cualquier otro tipo de desastre natural, con consecuencias sociales y ambientales severas. Este fenómeno avanza de manera silenciosa; cuando sus efectos se vuelven visibles, la posibilidad de reacción efectiva se reduce considerablemente. La gestión del agua en las ciudades chilenas ha requerido una constante vigilancia y esfuerzos significativos, aunque a menudo invisibles, que son cruciales para mantener el suministro urbano y evitar crisis mayores.
La resiliencia ante la sequía debe basarse en políticas activas de gestión del agua, donde se fomenten incentivos para un uso eficiente, se invierta en infraestructura adecuada y se implemente una educación continua sobre la conservación de este recurso vital. Según Naciones Unidas, relajar la vigilancia y disminuir las inversiones sería una irresponsabilidad que podría costar muy caro a futuro. Es fundamental adoptar un enfoque a largo plazo que contemple la sequía no como un problema temporal, sino como un desafío permanente que requiere planificación estratégica, decisiones valientes y un compromiso colectivo por parte de todos los sectores de la sociedad. Aunque Chile pueda experimentar años más lluviosos, la realidad es que la sequía es un desafío que nunca desaparecerá por completo.
