En un contexto donde muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) están reevaluando sus estructuras de propiedad, buscando nuevos socios o incluso considerando la venta parcial de sus negocios para financiar proyectos, surge una inquietante pregunta: “¿cuánto vale mi empresa?”. Según Claudio Bustos, abogado tributarista y socio fundador de Bustos Tax & Legal, esta evaluación no puede basarse únicamente en los resultados financieros como balances o flujos de caja, sino que también debe considerar cómo el Servicio de Impuestos Internos (SII) percibirá ese valor. Bustos aclara que una valoración inapropiada puede acarrear consecuencia serias, ya que el SII tiene la capacidad de ajustar la valoración si esta se aleja significativamente del valor de mercado, lo que podría resultar en una carga tributaria elevada para las empresas.
La manera de calcular el valor razonable de una empresa depende de si esta es de capital abierto o cerrado. Para las sociedades que cotizan en bolsa, el proceso es relativamente sencillo basándose en el promedio del precio de las acciones en los últimos seis meses. Sin embargo, la realidad es muy distinta para las sociedades cerradas, que dominan el panorama de las pymes en Chile. Estas deben recurrir a su balance general o valor libro, aunque esto no siempre refleja el valor real en el mercado. Por ejemplo, una empresa que adquirió un inmueble hace años por una cifra significativamente menor podría ver que, debido a la apreciación del mercado, su valor comercial ha incrementado exponencialmente, lo que demuestra la discrepancia entre el valor contable y el valor de mercado.
Además, Bustos enfatiza la importancia de aplicar métodos adecuados para calcular el valor de participación en otras empresas, sugiriendo el método de valorización patrimonial proporcional (VPP). Este enfoque ajusta la valoración de acuerdo al crecimiento del patrimonio de las empresas relacionadas, lo cual puede evadir controversias legales contra el SII. Los activos con potencial de plusvalía, como propiedades y participaciones en otras sociedades, deben ser cuidadosamente evaluados para asegurar que la cifra asignada refleje su verdadero valor en el mercado.
Las implicancias tributarias también son fundamentales para las pymes al momento de realizar una venta. Los ingresos obtenidos por la venta de acciones o derechos sociales se consideran ganancias de capital afectas al régimen tributario vigente. Las empresas enfrentan el Impuesto de Primera Categoría con tasas diferenciadas que dependen de su tamaño y régimen, lo que puede provocar que, dependiendo del valor declarado, el monto definitivo a pagar sea considerablemente distinto. Esto subraya la necesidad de una planificación tributaria inteligente y adaptada a cada situación, sobre todo cuando la propuesta de venta puede parecer atractiva a corto plazo.
Por último, Claudio Bustos insiste en que cada operación es única y su análisis debe hacerse con cuidado. La asesoría especializada se convierte en una herramienta esencial que puede prevenir problemas futuros con el SII. El llamado a la acción es claro: las pymes deben informarse y contar con el apoyo necesario antes de realizar movimientos significativos en sus estructuras empresariales para evitar contingencias y multas inesperadas, garantizando así una operación fluida y legalmente amparada.
