El INC-5.2 se encuentra en un momento crítico, en el que la capacidad de los Estados participantes para cerrar las diferencias entre ellos será determinante para el futuro del tratado internacional sobre la contaminación por plásticos. Con una ventana de negociación cada vez más estrecha, el enfoque debe estar en evitar que la búsqueda de un consenso absoluto se convierta en un obstáculo. La urgencia de la situación plantea la cuestión de si la comunidad internacional está lista para avanzar más allá de los compromisos no vinculantes hacia acciones concretas y obligatorias que impacten la gobernanza ambiental global.
Las negociaciones claramente han demostrado que el verdadero debate no se centra en la existencia de un tratado, sino en la naturaleza y estructura del mismo. Divididos entre propuestas ambiciosas y flexibles, países como miembros de la Unión Europea, América del Sur y diversas naciones insulares defienden un pacto robusto que establezca metas concretas y medibles. En contraste, una coalición de países como Rusia y Arabia Saudita aboga por un enfoque más laxo, argumentando que la flexibilidad y el consenso son esenciales para el progreso, aunque esta estrategia podría derivar en un tratado sin fuerza real.
El núcleo de la discordia se manifiesta claramente en varios artículos clave del proyecto de tratado. Por un lado, se cuestiona el alcance regulatorio y la necesidad de incluir referencias al ciclo de vida de los plásticos y la reducción de la producción. Omitir estos elementos podría transformar el tratado en un mero instrumento de gestión de residuos, mientras que mantenerlos permitiría abordar las causas estructurales de la contaminación por plásticos desde el inicio de su producción. La política detrás de estas decisiones tiene implicaciones profundas para la eficacia del tratado.
La gobernanza del tratado es otro punto de conflicto esencial. La capacidad de adaptación a nuevas evidencias científicas y tecnológicas podría resultar limitada si no se implementan procedimientos ágilmente. Mientras que algunos países insisten en una rápida toma de decisiones, otros prefieren el ‘consenso’ que, en la práctica, podría resultar en un veto para cualquier avance significativo. Esta tensión no solo afecta a las acciones futuras, sino también a la manera en que el tratado se implementará en la práctica en función de su capacidad de respuesta y evolución.
A la vuelta de estos debates se presenta un riesgo significativo: la posibilidad de terminar con un tratado diluido que evite compromisos sustanciales y funcionales en materia de reducción de producción y financiamiento. Sin embargo, existe también la oportunidad de que un grupo de naciones proactivas pueda forjar un consenso que, aunque flexible, no sacrifique la ambición regulatoria requerida para un impacto real en la contaminación por plásticos. La meta de los próximos días será lograr un equilibrio que permita aislar a los detractores, acercándose a un acuerdo que no solo sea un marco de palabras, sino un verdadero hito en la gobernanza ambiental global.
