El abogado Andrés Javier Olave Echenique ha planteado un crucial debate respecto a la sostenibilidad tributaria en el contexto de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Chile. Olave destaca que la exclusión de proveedores por incumplimientos no representa una solución para fortalecer la sostenibilidad en el ámbito tributario. En un entorno donde la Ley N° 21.713 ha ampliado la responsabilidad tributaria a las pymes, es esencial que estas empresas comprendan los nuevos estándares del Servicio de Impuestos Internos (SII) y su impacto en las cadenas de suministro.
El desafío que enfrentan las pymes, sobre todo aquellas que dependen de proveedores de menor tamaño, ha llevado al SII a colaborar con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para crear un Registro de Sostenibilidad Tributaria. En este sentido, Olave Echenique enfatiza que las empresas deben comenzar a prepararse desde ahora para cumplir con estos nuevos requerimientos, ya que el estándar aún se encuentra en desarrollo. Al, ordenar su situación tributaria en este momento, las pymes no solo estarán alineadas con la legislación vigente, sino que también podrán evitar dificultades en la adaptación futura.
El abogado ha sido parte del desarrollo del Índice de Sostenibilidad Tributaria Pyme (ISTP), una innovadora herramienta de autodiagnóstico que permite a estas empresas evaluar su capacidad de cumplimiento a través de un conjunto de veinte preguntas. Este índice otorga una puntuación entre 0 y 100, ayudando a identificar áreas de mejora y brindando a las pymes la oportunidad de fortalecer su enfoque tributario antes de que los nuevos estándares entren en vigor.
Olave Echenique es claro al señalar que la sostenibilidad tributaria no debe utilizarse como un mecanismo de exclusión. En lugar de castigar a los proveedores que presentan brechas por falta de información o recursos, es necesario buscar formas de apoyo que fomenten la mejora continua. Según el abogado, la sostenibilidad tributaria debería ser una herramienta para construir relaciones más sólidas entre empresas y promover la confianza, incentivando así la formalización y la colaboración en lugar de establecer barreras artificiales.
Finalmente, cifras reveladoras del SII señalan que el control sobre los “receptores agresivos” ha logrado prevenir el uso indebido de créditos fiscales por más de $189.400 millones durante el año 2025. Esto resalta la importancia de reforzar los mecanismos preventivos de cumplimiento a lo largo de toda la cadena productiva. Desde OlaveEchenique Abogados Consultores, se subraya que el ISTP es solo una herramienta de orientación y no sustituye los procesos de certificación oficial que deben ser realizados por entidades acreditadas por el SII.
