El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no escatimó en palabras al criticar el rol del Poder Legislativo en la política fiscal chilena durante los últimos ocho años. En un conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Marcel subrayó que el Congreso ha mostrado tentaciones de vulnerar normas constitucionales, un fenómeno que ha estado latente en los procesos de toma de decisiones en materia de ingresos y gastos. Según sus palabras, aunque la política fiscal es esencialmente responsabilidad del Ejecutivo, la intervención de múltiples actores, incluyendo al Legislativo, es crucial para la correcta materialización de las iniciativas fiscales.
Durante su intervención, el ministro Marcel se refirió al ciclo presupuestario y cómo este involucra desde la evaluación y formulación de presupuestos por parte del Ejecutivo hasta la discusión parlamentaria y su posterior implementación. Afirmó que el Congreso ha incurrido en intentos de modificar normas fundamentales, aunque, afortunadamente, la mayoría de estas tentaciones no se han concretado. “Es un fenómeno permanentemente presente”, dijo Marcel, insinuando que la constante lucha por mantener la responsabilidad fiscal se ve amenazada por una intervención parlamentaria que a veces cruza líneas éticas y legales.
El diálogo entre el Gobierno y los parlamentarios es particularmente complicado, según el ministro. “Cuando buscamos implementar medidas para controlar el gasto en el largo plazo, lo que enfrentamos es la dificultad de convencer a los parlamentarios”, declaró, evidenciando así la complejidad del debate fiscal en un entorno politico que a menudo prioriza necesidades inmediatas por sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Marcel insistió en que fomentar un compromiso mayor entre los actores políticos es crucial para garantizar la estabilidad fiscal del país.
Marcel también reflexionó sobre el rol del Poder Judicial en el marco de decisiones de gasto, destacando que, a diferencia de otros países donde ha intercedido en tales asuntos, en Chile esa situación aún no se ha dado, esperanzando que se mantenga así en el futuro. Este contexto refuerza la idea de que la política fiscal no debería ser un asunto exclusivo de un gobierno en particular, sino un reto colectivo en el que todos los actores involucrados, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo, deben trabajar juntos para asegurar un manejo responsable de los recursos estatales.
Finalmente, el ministro enfatizó que la responsabilidad fiscal es un objetivo que trasciende las administraciones, convirtiéndose en una obligación compartida entre todos los actores del proceso político. En su discurso, dejó claro que es esencial construir un consenso que permita abordar los desafíos fiscales con seriedad y compromiso, contribuyendo así a la salud económica del país a largo plazo. La capacidad de los parlamentarios para colaborar en la formulación de políticas fiscales responsables será clave para mantener la estabilidad financiera y minimizar riesgos innecesarios.
