La informalidad económica en nuestro país representa un desafío significativo para el sistema tributario, manifestándose a través de la evasión fiscal y la competencia desleal. Esta situación no solo reduce considerablemente los ingresos públicos, sino que distorsiona la distribución de la carga impositiva entre contribuyentes. Los negocios informales, al operar fuera del marco legal, logran evitar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que agrava aún más la ya crítica situación fiscal del país. De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), la tasa de incumplimiento en el IVA se sitúa entre el 18.4 y el 18.9%, revelando una alarmante realidad donde muchos contribuyentes no registrados juegan un papel crucial en este fenómeno.
Los hallazgos del SII han sido sorprendentes, como el caso de más de quince mil contribuyentes informales identificados utilizando dispositivos de pago electrónico sin haber formalizado su actividad. Esto ha resultado en un estimado de IVA no pagado que supera los $3.300 millones, lo que pone en evidencia la magnitud del problema. Además de la evasión del IVA, estos emprendedores no declaran sus ganancias, lo que implica un incumplimiento del Impuesto a la Renta. Esta situación conlleva una pérdida directa de recaudación que afecta a las finanzas públicas y limita la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales.
Una de las consecuencias más perjudiciales de la informalidad es la distorsión en la carga tributaria. Los negocios formales deben incluir impuestos en sus precios, lo que los obliga a fijar tarifas más altas en comparación con los informales, quienes pueden eludir estas obligaciones. Esta competencia desleal tiene repercusiones directas, ya que los consumidores, atraídos por los precios más bajos de los informales, desestiman la calidad y la seguridad que suelen ofrecer los negocios formales, afectando así su sostenibilidad y crecimiento en el mercado.
El impacto de la informalidad se ve acentuado por la proporción del trabajo informal en la fuerza laboral del país, que asciende a aproximadamente un tercio. Esta concentración de la informalidad contribuye a que la carga fiscal recaiga desproporcionadamente sobre los trabajadores y empresas que cumplen con la normativa, limitando su capacidad de crecimiento y desarrollo. A medida que estos contribuyentes formales se ven obligados a asumir la carga fiscal, encuentran dificultades para competir en igualdad de condiciones, lo que frena la economía en su conjunto.
Ante esta realidad, el gobierno ha implementado medidas para enfrentar la informalidad tributaria. La Ley de Cumplimiento Tributario busca otorgar mayores herramientas al SII para que pueda fiscalizar efectivamente transferencias bancarias y actividades en plataformas digitales, con el fin de integrar a los emprendedores que actualmente operan de forma informal. Sin embargo, la fiscalización sigue enfrentando desafíos, ya que numerosos trabajadores informales, en su mayoría, realizan sus labores en la vía pública, lo que complica aún más la detección y control de estas actividades ilegales. El combate a la informalidad es, por tanto, una tarea urgente y compleja que requiere de un enfoque integral para garantizar una competencia leal y una recaudación fiscal justa.
