El informe del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ha revelado la necesidad urgente de transformar las energías limpias en una ventaja competitiva para Chile. Con la presentación del estudio titulado “Hacia la autonomía y certidumbre energética Chile 2035”, los expertos enfatizan que, para capitalizar la abundancia de energía renovable en el país, se requiere una aceleración en la expansión de las redes y modernización de la distribución energética. La ministra de Energía, Ximena Rincón, y el presidente del CPI, Eduardo Frei, participaron en el seminario donde se expusieron estas conclusiones, destacando que no solo se trata de generar más energía renovable, sino de garantizar que esta llegue eficientemente a hogares y sectores productivos.
Una de las principales advertencias del informe es el desafío de desarrollar infraestructuras adecuadas para el transporte y la distribución de gas natural, considerando que no todos los consumos pueden ser electrificados. Héctor Lagunas, consejero del CPI y autor del estudio, afirmó que la exigencia en infraestructura es considerable, proyectándose que la demanda eléctrica alcanzará cifras superiores a los 100.000 GWh hacia 2035, e incluso, podría estar entre 140.000 y 180.000 GWh para 2050. Este incremento de demanda requiere inversiones significativas, cerca de 300.000 millones de dólares en los próximos 25 años, lo que demanda una planificación y ejecución de alto nivel.
Para satisfacer la creciente demanda de energía y optimizar su distribución, el informe sugiere una expansión del 40% de la red eléctrica hacia 2035, con la propuesta de que esta se triplique para 2050, alcanzando hasta 700.000 kilómetros. La transformación no solo se enfoca en la ampliación física de las redes, sino también en la evolución hacia sistemas inteligentes, que permitan gestionar la energía en tiempo real y maximizar la participación de los usuarios en el proceso energético. Sin embargo, el informe también reconoce que la infraestructura no es el único obstáculo: cuestiones como la gobernanza fragmentada, regulaciones inadecuadas y la falta de financiamiento son aspectos críticos que deben abordarse.
El CPI ha delineado una agenda que incorpora medidas a corto, mediano y largo plazo, buscando mejorar la gobernanza y la regulación en el sector energético. Entre las propuestas se encuentran la implementación de una distribución energética inteligente, la gestión de la demanda y la capacitación de recursos humanos en el sector. Estas reformas no solo ayudarían a optimizar la infraestructura existente, sino que también servirían para aliviar el impacto de los aumentos de costos que recalarían, potencialmente, en los hogares con menor capacidad de pago.
Otro punto destacado en el estudio es el papel del gas natural como fuente de transición y respaldo en la matriz energética del país. Al actuar como un complemento a las energías renovables, el gas natural no solo puede reemplazar la generación de diésel, sino que también es crucial para sectores donde la electrificación no es viable o económica. El informe también sugiere que la integración energética a través del gas proveniente de Vaca Muerta podría ser una oportunidad para reducir costos y mejorar la seguridad energética, aportando elementos clave a la estrategia de desarrollo energético de Chile hacia 2035.
