Con el avance del proyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial en Chile, la preocupación dentro de la comunidad tecnológica y empresarial se intensifica. Este proyecto, aunque tiene la intención de proteger derechos fundamentales, impone exigencias que podrían frenar el crecimiento del ecosistema digital chileno. Según expertos, la normativa, al replicar y endurecer aspectos clave de la legislación europea en un contexto mucho más limitado, pone en riesgo a cientos de startups, pymes y centros de investigación que son fundamentales para la innovación local.
La diputada Paula Labra Besserer, miembro clave de la Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología, ha expresado que la propuesta parece más un acto de temor que un impulso al desarrollo. “Nuestro contexto local es mucho más reducido”, afirmó, sugiriendo que lo necesario es adaptar la legislación existente y centrar los esfuerzos en sancionar los malos usos, en lugar de crear nuevas barreras para el crecimiento del ecosistema digital. Este enfoque restrictivo podría desincentivar la inversión en un sector considerado estratégico para el país.
Uno de los elementos más críticos del proyecto es la imposición de obligaciones técnicas y legales que son difíciles de cumplir para empresas emergentes y pequeñas, dejándolas en desventaja frente a grandes corporaciones. El modelo propuesto restringe significativamente el acceso a datos que son vitales para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial adaptados a la realidad chilena. Según Raúl Ciudad, vicepresidente de ACTI, esta situación crea un escenario en el que las exigencias son tales que solo las grandes empresas pueden asumir, lo que limita severamente la capacidad de innovación de las startups.
La normativa propuesta también carece de coherencia con el marco legislativo existente, incluyendo la ley de ciberseguridad y la ley de protección de datos personales, ya que sumar una nueva capa de regulaciones no mejora la protección, solo agrega obstáculos innecesarios. Labra enfatizó que el ecosistema ha aprendido a manejar los desafíos existentes, y que lo que se necesita es mejorar la articulación entre las leyes ya vigentes y las nuevas iniciativas. En este sentido, la falta de coordinación podría resultar en contradicciones que frenen una agenda digital sólida en el país.
Con el riesgo de quedar relegado en un entorno regional cada vez más competitivo, Chile debe reconsiderar su enfoque regulatorio. Mientras naciones como Japón y Singapur atraen inversión extranjera a través de regulaciones favorables, el país podría ver su competitividad amenazada si no opta por un modelo que combine la protección de derechos con el fomento a la innovación. ACTI y otras organizaciones están fomentando un rediseño colaborativo de la ley, que busque asegurar tanto la protección de los ciudadanos como el desarrollo de tecnologías locales, recordando que la evolución de la inteligencia artificial es imparable.
