Pedro Matamala Souper, socio en Provoste Matamala Abogados, ha analizado las recientes cifras del desempleo en el país, que alcanzó un alarmante 9,6%. En el último año, los ocupados han disminuido en un 0,9%, y la caída de los asalariados formales fue aún más preocupante, alcanzando un 2,9%. Este panorama refleja una economía que está perdiendo su capacidad para generar trabajo protegido, un tema que requiere atención urgente por parte de las autoridades.
Bajo estas condiciones, se ha implementado el Subsidio Unificado de Empleo, un mecanismo del que se espera beneficie a muchos, pero que, según Matamala, resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis actual. Aunque la unificación de beneficios y el apoyo a grupos que enfrentan mayores barreras son pasos positivos, el subsidio no es un instrumento adecuado para hacer frente a una crisis generalizada de contratación. Es esencial que se aborden las limitaciones que impone esta ayuda para que pueda ser verdaderamente efectiva.
Particularmente alarmante es la situación de los hombres entre 25 y 54 años sin discapacidad, quienes, a pesar de ser una de las poblaciones más afectadas por la caída del empleo, quedan excluidos del subsidio. La exigencia de haber estado desempleado durante seis meses continuos o ocho discontinuos puede resultar especialmente perjudicial para quienes acaban de perder su trabajo. En un contexto donde se están destruyendo puestos de trabajo a gran escala, esperar que la cesantía se prolongue antes de actuar debilita la efectividad de cualquier medida de recuperación.
Además, el subsidio establece un límite de 200 trabajadores por empresa que puede beneficiarse de esta medida, lo que, aunque no impide que cada trabajador reciba el apoyo, limita el incentivo para aquellos empleadores con grandes dotaciones de personal. Para fomentar la recuperación del empleo formal, es crucial que el apoyo gubernamental esté vinculado a la creación efectiva de nuevos puestos de trabajo, en lugar de permitir sustituciones, y no debe basarse únicamente en un límite fijo de trabajadores.
La crisis económica actual demanda más que una reestructuración de subsidios. Matamala enfatiza que se requiere una política de recuperación del empleo que contemple inversión, aumento de productividad y reglas claras. Si el Estado reconoce que abaratar la contratación puede ser una herramienta positiva, también debe evaluar los costos permanentes y la incertidumbre que dificultan la creación de empleo. Solo a través de un enfoque integral se podrá dar respuesta a un deterioro extendido en el mercado laboral.
