El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido de manera contundente a la reciente decisión de la Corte Suprema del país, que determinó como ilegales la mayoría de los aranceles impuestos durante su mandato, especialmente aquellos denominados “recíprocos” y los universales del 10%. Esta medida, que afectaba a diversos países, incluyendo a Chile, ha representado una clara derrota judicial para Trump, marcando un cambio significativo en su política comercial. El tribunal, con una votación de 6-3, argumentó que el mandatario había sobrepasado sus competencias bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, lo que ha encendido los ánimos en la Casa Blanca y entre sus seguidores.
Durante una conferencia de prensa, Trump no solo desaprobó la decisión del tribunal, sino que también anunció su intención de imponer un nuevo gravamen global del 10%, amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual le permitiría, sin la aprobación del Congreso, establecer aranceles de hasta el 15% en un periodo máximo de 150 días. Con este anuncio, el presidente busca mantener su enfoque proteccionista y ajustado al déficit comercial de Estados Unidos, aunque su intento estará bajo observación estricta debido al reciente fallo de la Corte.
La decisión de la Corte Suprema también ha abierto el debate sobre el posible reembolso de los miles de millones de dólares que los importadores estadounidenses habían pagado como resultado de los aranceles. Luis Cisneros, Team Lead de Admirals, enfatizó la incertidumbre que podría surgir sobre si el Gobierno deberá devolver los dineros recaudados, sugiriendo que esto podría generar un caos financiero con graves repercusiones para el Tesoro de Estados Unidos. Esto añade otra capa de complejidad al ya tumultuoso escenario económico del país, donde la intervención gubernamental y los intereses empresariales chocan.
Además, la falta de aprobación del Congreso para aranceles de la magnitud impuesta por Trump plantea interrogantes sobre la viabilidad de futuras decisiones económicas. En respuesta a este desafío, el presidente afirmó a los medios que no necesita la validación del Legislativo para imponer aranceles, lo que podría intensificar la polarización política en el país. La analista de mercados de XTB Latam, Emanoelle Santos, sugirió que existen otros caminos legales, como la Sección 232 de la Ley de Comercio, que permite medidas arancelarias si las importaciones amenazan la seguridad nacional, aunque esto requeriría investigaciones extensas.
El entorno político y económico en Estados Unidos se encuentra en un punto crítico tras la sentencia de la Corte. Especialistas advierten sobre el potencial caos que podría provocar el uso de otras secciones legales que permiten la imposición de aranceles, como la Sección 301, que aborda represalias comerciales, o incluso la antigua Ley Smoot-Hawley de 1930. Cualquiera de estas alternativas podría llevar a nuevas batallas legales y políticas, reflejando la tensión creciente entre la administración de Trump, el sistema judicial y las implicaciones económicas a nivel global. La estrategia del presidente se convierte, por tanto, en un tema de gran interés que podría definir el futuro comercial de Estados Unidos.
